María Victoria Sordini
La lectura sociológica sobre la cuestión alimentaria, en tanto cuestión social, permite identificar los medios de cohesión y regulación a través de los cuales se supera, se mitiga, se re-configura o se profundiza el conflicto del hambre. Las políticas alimentarias intervienen sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida de amplios sectores sociales que, desde los años setenta, vivencian condiciones de desempleo y empobrecimiento (Arakaki, 2011; Gasparini, 2019). De esta manera, el Estado implementa estrategias para garantizar el bienestar de la población, configurando los parámetros de necesidad y falta que la sociedad es capaz de soportar.
El Partido de General Pueyrredon (PGP) es el tercer aglomerado urbano con mayor población de la Provincia de Buenos Aires (DESD, 2016). Desde los años ochenta, la población de villas y/o asentamientos crece más aceleradamente que el total (Nuñez, 2000). El partido presentó los más altos índices de desocupación del país en 1995 (22,1%), en 2002 (24,6%), en 2018 (9,3%) y en 2019 (11,1%) (López, Lanari, Alegre, 2001; Actis di Pasquale, 2018; Gret, 2019; MGP-SM, 2020). En este contexto, en 2019 el 18,4% de hogares se encontró bajo la línea de pobreza. Durante el año 2020 la situación se profundizó, el municipio alcanzó una tasa de desocupación del 26% en el segundo trimestre y un 30,8% de hogares bajo la línea de pobreza (MGP-SM, 2020b). El escenario de pauperización fue intervenido por políticas alimentarias focalizadas en la pobreza, asistenciales y masivas que se implementaron desde la jurisdicción nacional, provincial y municipal de manera simultánea y permanente durante el periodo en estudio.
Desde 1983 se inaugura una etapa de sucesivas intervenciones en el contexto de emergencia alimentaria nacional. El poder ejecutivo asumió el compromiso de garantizar el derecho a la alimentación, señalando que la democracia sería una “ficción” si permite “cuerpos y mentes apagadas por la falta de alimentos”. Así lo estableció en la ley N° 23.056, sancionada en 1984, que facultó a enfrentar la crítica situación de la población más vulnerable y de pobreza extrema, y denominó en situación de emergencia al Programa Alimentario Nacional (PAN). Desde allí, todas las administraciones que siguieron continuaron con la implementación de planes alimentarios de manera ininterrumpida (Britos, et.al, 2003; Cortes, Kessler, 2013; Sordini, 2016).
Las condiciones estructurales que dispone el modelo de acumulación y la profundización de la desigualdad sostienen al problema del hambre en la agenda de la Argentina. En 2002, mediante el decreto 108/2002 se estableció la Emergencia Alimentaria Nacional. A partir de allí se reorientaron los fondos presupuestarios, profundizando la descentralización, para reforzar programas sociales de salud y nutrición para la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia. En 2003 la Ley 25.724 creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) que articuló la multiplicidad de programas preexistentes y pretendió unificar en una base única a sus destinatarios. En 2019 la Ley 27.519 prorrogó hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto mencionado anteriormente (BORA, 2020). En línea con las acciones que lleva adelante el PNSA, se implementó desde 2019 el Plan Argentina Contra el Hambre mediante la “Tarjeta AlimentAR”, para la promoción y el fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos.
Gráfico N° 1: Periodos de vigencia de las intervenciones alimentarias implementadas en PGP entre 1983 y 2020 según su dependencia jurisdiccional
Referencias: * Programa de Fortalecimiento Red de Espacio Comunitarios, ** Creciendo Sanos
Fuente: Elaboración propia
En el periodo 1983-2020 se implementaron veintisiete programas alimentarios con distinta dependencia jurisdiccional y superpuestos en sus objetivos, población destinataria y modalidades de prestación. De esta manera, múltiples programas han contribuido a la diversificación de los ingresos del hogar de la población destinataria en simultáneo.
En los objetivos de los programas subyace la definición del problema del hambre y las alternativas para responder al mismo. En la nominación de los programas se denota el carácter paliativo y provisorio de las intervenciones porque se nombran como programas de “asistencia”, “emergencia”, “ayuda”, “complemento”. Además, tanto por su simultaneidad en la implementación como por su consecución prevalece una fragmentación de estas políticas.
Todas las intervenciones convergen en torno a los siguientes objetivos: complementar la alimentación, brindar apoyo técnico y financiero a espacios comunitarios, disminuir la morbi-mortalidad infantil, promover hábitos saludables y realizar capacitación socio-alimentaria, promover estrategias de autoproducción y consumo de alimentos y disminuir las condiciones deficitarias de la alimentación de escolares.. En el gráfico N° 2 se ilustran las once maneras en las que se materializaron las respuestas al problema alimentario, mediante sus modalidades de prestación, desde los veintisiete programas implementados.
Gráfico N° 2: Modalidades de prestación alimentaria implementada en el PGP entre 1983 y 2020
El objetivo principal de la mayoría de estos programas es complementar la alimentación. Para responder al mismo se implementan tres estrategias: la entrega de cajas, bolsones o módulos de alimentos secos, la entrega del plato de comida elaborado y, la entrega de tickets, vales o trasferencias monetarias para comprar alimentos en el mercado minorista. Históricamente predomina como respuesta a la emergencia alimentaria la entrega de alimentos secos porque su bajo costo de logística y distribución es adecuado a los presupuestos de los programas. Sin embargo, los alimentos frescos son los más caros del mercado y de difícil acceso para la las preparaciones cotidianas, aún destinando la totalidad de las transferencias monetarias de las tarjetas alimentarias a dichos productos. De esta manera las modalidades de prestación de los programas configuran el acceso, la preparación y el consumo de los alimentos porque se (des)habilitan gustos y sabores según las posibilidades de acceso.
La persistencia de dichas modalidades ha configurado maneras de ser titular y/o destinatario/a de programas alimentarios. Las comidas que se elaboran en los hogares denotan un sentido práctico, al decir de Pierre Bourdieu, situado históricamente, adecuado a la oferta del mercado, y a la diversificación de las estrategias de abastecimiento alimentario (trabajo informal, redes comunitarias, organizaciones de la sociedad civil). Por ello, los modos de ser y hacer, en función de comer lo posible, incorporan en el cuerpo las estructuras de desigualdad social.
Desde los años ochenta la focalización de las políticas sociales sobre la población destinataria “pobre” define y legitima tal condición. Los programas procuran “integrar” a los grupos vulnerables para “complementar” y “reforzar” aquello que les falta. De esta manera, estos programass han acompañado la trayectoria de vida de cuatro generaciones en condiciones de vulnerabilidad social porque: a) los PA mantienen una vigencia permanente desde hace más de treinta y cinco años; y, b) los objetivos no se plantean para revertir las causas, sino para atenuar el conflicto alimentario de manera provisoria; c) existe un PA para cada grupo etario. Este último aspecto se grafica a continuación.
Gráfico N° 3: Población objetivo según su edad para cada PA implementado en el PGP entre 1983 y 2020
Fuente: Elaboración propia
Las diversas generaciones se apoyan unas a otras para optimizar el acceso a los programas de acuerdo a las normas de compatibilidad que los mismos presentan. La primera, mayor a 56 años, titularizó la recepción de la caja de alimentos del PAN y participó en la organización de comedores comunitarios desde finales de los años ochenta. Además, las mujeres fueron pioneras como Trabajadoras Vecinales en el Plan Vida que inicio en 1994 y continua vigente en la actualidad. La segunda, entre 31 y 55 años, en su niñez acompañaban a sus padres/madres o abuelos/as a retirar los bolsones de alimentos y almorzaban o cenaban en el comedor comunitario. En su adolescencia, comenzaron a participar en la coordinación y gestión de los comedores comunitarios y a reemplazar a sus madres como titulares del Plan Vida. La tercera, entre 18 y 30 años, durante los años noventa fue destinataria del Plan Vida y en la actualidad, son titulares de esa misma intervención pero focalizada en sus hijos, quienes integran la cuarta generación. De esta manera, una vez que los programas alimentarios ingresan en las trayectorias de vida de sus destinatarios persisten en sus recorridos.
La fragmentación ininterrumpida de los múltiples PA posee una atribución normativa que organiza el consentimiento social como adhesión al orden social (Bourdieu, 2014). Por ello, debido a la capacidad coercitiva del Estado y al alcance masivo de sus intervenciones se normaliza la mitigación del conflicto del hambre. Los PA constituyen el esquema de las estrategias, aceptadas y aceptables, que regulan la distribución de las energías, que como sociedad somos capaces de soportar y que fundamentan a las relaciones de dominación, porque limitan las posibilidades de comer de cuatro generaciones. En este contexto, la regulación de las energías determina las posibilidades de acción, de reflexión y de desplazamiento social de cuatro generaciones, en una sociedad en la que el hambre es la política.