OCPESGF CIUDADANO

¿De qué hablamos cuando hablamos de agroecología? Reflexiones desde el partido de General Pueyrredon

Dra. Celeste Molpeceres (CONICET-IHAM-FADU-UNMdP)

Hambre como problema ¿agroquímicos como solución?

Hambre como problema ¿agroquímicos como solución?De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), más de 690 millones de personas en el mundo no alcanzan a satisfacer sus necesidades alimentarias. Al hambre se suman problemas como la deficiencia de micronutrientes, vitaminas y minerales, sobrepeso y obesidad, que históricamente han sido abordados mediante soluciones técnicas, como paquete tecnológico derivado de la Revolución Verde, donde se destaca la aplicación de agroquímicos. No obstante, estas soluciones orientadas a artificializar los agroecosistemas muestran fisuras, derivando a su vez, en nuevos problemas, como daños en el ambiente y la salud, lo cual ha quedado en especial evidencia durante la pandemia por COVID-19. La intensificación en el uso de insumos químicos en la agricultura tiene impactos que perjudican tanto a los recursos propios de los sistemas agrícolas, atentando contra su capacidad productiva, los recursos globales o de otros sistemas (ciudades, ríos, lagos, atmósfera) y las personas que forman parte de ellos (Sarandón y Flores, 2014).

En este contexto, en los últimos años asistimos a una resignificación del problema en torno a los sistemas agroalimentarios, que nos invita a reflexionar sobre el derecho humano de acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y adecuada, y que su producción no genere riesgos sobre la salud y el ambiente. Promover sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos resilientes y transparentes involucra mucho más que disponibilidad de alimentos en cantidad, implica también hábitos de consumo, de producción, de distribución y de procesamiento. A través de ellos, no sólo se obtienen beneficios en la nutrición y la salud, sino también en el ámbito socioeconómico y ambiental (Molpeceres, 2022).

En este contexto, la agroecología se presenta como una alternativa para abordar los sistemas agroalimentarios, cuyos pilares básicos son asegurar la soberanía alimentaria, promover el no uso de agroquímicos, el empleo de recursos locales y el consumo local (Altieri, 1982; Guzmán Casado et al., 2002; Gliessman, 2002; Sarandón y Flores, 2014). La agroecología implica mucho más que el no uso de agroquímicos. Se trata de una propuesta integral para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades, superando propuestas meramente técnicas, propiciando la valorización del conocimiento local, del intercambio de saberes, el desarrollo local, la organización de los productores, y sus vínculos con los consumidores en defensa de la soberanía alimentaria (Souza Cazadinho, 2013). Para ayudar a definir la agroecología, la FAO (2019) propone 10 elementos: diversidad, creación conjunta e intercambio de conocimientos, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias. Estos dan cuenta de factores que transcurren no sólo tranqueras adentro de las quintas o predios, sino también tranqueras afuera, asociados por ejemplo a la comercialización a través de canales cortos o el intercambio de saberes.

Asociado a ello, existe evidencia científica que da cuenta del potencial de la agroecología para incrementar los rendimientos tanto de los cultivos, como de la producción animal. El aumento de la agrobiodiversidad genera estabilidad en la producción, mejorando al mismo tiempo la resiliencia frente al cambio climático (Altieri, 2020).

El caso del partido de General Pueyrredon

En del partido de General Pueyrredon se extiende el segundo cinturón hortícola más importante del país, tanto por la superficie cultivada, como por el volumen producido y la mano de obra empleada. Allí, las discusiones respecto a los riesgos sociales y ambientales asociados al uso de agroquímicos ocupan un lugar destacado en la agenda de política pública local desde el año 2000. Recientemente, se advierte un cambio en las decisiones de política pública, asociadas a la promoción de la agroecología. La propuesta local se alinea con decisiones de organismos nacionales y provinciales, como la creación una Dirección Nacional de Agroecología o del Programa Provincial de Promoción de la Agroecología.

En este contexto, un grupo de agricultores afianzaron huertas agroecológicas y asociado a ello, nuevos circuitos y modalidades de comercialización. Sin embargo, hasta el año 2020 no existían datos de los mismos. De esta forma, desde principios de 2020 un conjunto de investigadoras y extensionistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET (Dra. Laura Zulaica y Dra. Celeste Molpeceres) y el INTA[1] (Ing. Agr. Marisa Rouvier, Dra. Laura Cendón y Dra. Paula Barral) conforman un grupo interinstitucional e interdisciplinario con el objetivo de construir una base de datos georreferenciada de productores frutihotícolas con bases agroecológicas en el partido de General Pueyrredon y la zona. La propuesta se genera en parte por la demanda de los propios actores, es decir, como respuesta al interés e inquietudes manifestadas por productores agroecológicos y referentes locales acerca de estas producciones emergentes en los últimos años.

El equipo se propuso describir estos emprendimientos (en términos productivos, comerciales, sociales y ambientales) y llevar esa información a un mapa de libre acceso, que permita visibilizar a las familias productoras que buscan formas alternativas de producción.

Dicha base de datos se encuentra disponible en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pdxz0cXqsj5ozBaZlhJYcI50L4rxAstd&ll=-37.78710646248102%2C-58.00953813555161&z=9 accesible desde distintos dispositivos electrónicos, como celulares, tablets o PC. A través de esta plataforma es posible consultar información básica de cada emprendimiento como el tipo de producción, sus canales de comercialización y datos de contacto.

Se trata de emprendimientos familiares, que cultivan una superficie inferior al 5% del total de la superficie hortícola del partido[2], y cuya producción es mayoritariamente consumida a escala local (Molpeceres et al., 2020; 2021).

Si bien inicialmente la propuesta apuntó a relevar y caracterizar las producciones frutihortícolas alternativas a escala comercial en el partido de General Pueyrredon, luego se incorporaron algunas producciones de partidos colindantes, como General Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita y Necochea (este último a cargo de la Mag. Constanza Villagra), ya que éstos surgieron del propio trabajo de campo y constituyen interrelaciones de los propios productores y productoras entrevistadas, enriqueciendo de esta forma el estudio. Asimismo, como parte de dicho proceso se incorporaron otras producciones asociadas como la producción de plantines hortícolas, de aromáticas o de brotes, e incluso apicultura y cría de aves de corral, de manera alternativa al modelo convencional.

Actualmente, se continúa el relevamiento y actualización de la información, atendiendo al dinamismo de la actividad. Al mismo tiempo, siguiendo una metodología semejante a la desarrollada en el relevamiento de emprendimientos frutihortícolas, se está trabajando en el mapeo de experiencias de producción extensiva en el partido de General Pueyrredon, junto con la Dra. Claudia Mikkelsen y la Dra. Alejandra Auer del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET-UNMdP), y la T.S. Fabiana Ruiz, del IHAM (FAUD, UNMDP). A su vez, se avanza en la construcción de sistemas participativos de garantías (SPG), a través de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata denominado “Sistemas Participativos de Garantías: hacia la promoción de sistemas alimentarios agroecológicos del Partido de General Pueyrredon” dirigido por La Dra. María Laura Cendón y co-dirigido por la Mag. Julieta Rodríguez.

 

El trabajo interinstitucional permite visibilizar a los productores alternativos; valorizar sus saberes y socializar procesos de aprendizajes técnicos y sociales, así como las prácticas exitosas aplicadas al sistema productivo y comercial; contar con información actualizada que permita identificar problemáticas, oportunidades y generar acciones para integrar local o regionalmente las quintas y/ predios y; organizar circuitos comerciales, mercados existentes y nuevos que integren a los productores.

Referencias

Altieri, M. (1982). Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Westview Press, Boulder.

Altieri, M. (2020). Agroecología para la reducción del hambre: ciencia, política e Implementación. Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas.

FAO (2020). Nota de orientación jurídica parlamentaria en América Latina y el Caribe N° 1. El derecho a una alimentación adecuada en las constituciones. Roma.

Gliessman, S. (2002). Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE. Costa Rica.

Guzmán Casado, G., González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (2000). Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible. Ediciones Mundi-Prensa.

Molpeceres, C. (2022). Volver a las raíces, una propuesta desde la agroecología para abordar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Premio Innovación de políticas públicas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. CLACSO-FAO.

Molpeceres, C., de Rito, M., Zulaica, L., Mikkelsen, C. (2021). Toward sustainability of local development in rural areas: New alternative productive scenarios in General Pueyrredon District, Argentina. Local Development & Society. Taylor & Francis.

Molpeceres, C., Zulaica, L., Rouvier, M., y Cendón M. L. (2020). Cartografías y caracterización de las experiencias agroecológicas en el Cinturón Hortícola del Partido de General Pueyrredon. Horticultura Argentina, 39 (100), 232-248

Sarandón, S. y Flores, C. (2014). Agroecología, bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. 1a ed. – La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Souza Casadinho, J. (2013). Utilización de agrotóxicos e impacto en la salud en la actividad hortícola y tabacalera. Un problema de salud pública. Trabajo que forma parte del proyecto UBACyT (2011-2014) Enfermedades prevalentes y emergentes en comunidades con riesgo social. Estudios sobre determinantes e impacto de las intervenciones.

[1] Convenio específico de cooperación técnica y científica celebrado entre el Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Regional (avalado por Ordenanza del Consejo Académico de la FAUD – UNMdP, Nº 1252/2021).

[2] Para la campaña 2019-2020 según datos de la Municipalidad de General Pueyrredon, el Partido contó con 9035 ha. dedicadas a cultivos hortícolas a campo y 1595 ha bajo cubierta.

OCPESGF CIUDADANO

La emergencia alimentaria como un legado intergeneracional. Programas alimentarios en el Partido de General Pueyrredon entre 1983 y 2020

 María Victoria Sordini

 

La lectura sociológica sobre la cuestión alimentaria, en tanto cuestión social, permite identificar los medios de cohesión y regulación a través de los cuales se supera, se mitiga, se re-configura o se profundiza el conflicto del hambre. Las políticas alimentarias intervienen sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida de amplios sectores sociales que, desde los años setenta, vivencian condiciones de desempleo y empobrecimiento (Arakaki, 2011; Gasparini, 2019). De esta manera, el Estado implementa estrategias para garantizar el bienestar de la población, configurando los parámetros de necesidad y falta que la sociedad es capaz de soportar.

El Partido de General Pueyrredon (PGP) es el tercer aglomerado urbano con mayor población de la Provincia de Buenos Aires (DESD, 2016). Desde los años ochenta, la población de villas y/o asentamientos crece más aceleradamente que el total (Nuñez, 2000). El partido presentó los más altos índices de desocupación del país en 1995 (22,1%), en 2002 (24,6%), en 2018 (9,3%) y en 2019 (11,1%) (López, Lanari, Alegre, 2001; Actis di Pasquale, 2018; Gret, 2019; MGP-SM, 2020). En este contexto, en 2019 el 18,4% de hogares se encontró bajo la línea de pobreza. Durante el año 2020 la situación se profundizó, el municipio alcanzó una tasa de desocupación del 26% en el segundo trimestre y un 30,8% de hogares bajo la línea de pobreza (MGP-SM, 2020b). El escenario de pauperización fue intervenido por políticas alimentarias focalizadas en la pobreza, asistenciales y masivas que se implementaron desde la jurisdicción nacional, provincial y municipal de manera simultánea y permanente durante el periodo en estudio.

Desde 1983 se inaugura una etapa de sucesivas intervenciones en el contexto de emergencia alimentaria nacional. El poder ejecutivo asumió el compromiso de garantizar el derecho a la alimentación, señalando que la democracia sería una “ficción” si permite “cuerpos y mentes apagadas por la falta de alimentos”. Así lo estableció en la ley N° 23.056, sancionada en 1984, que facultó a enfrentar la crítica situación de la población más vulnerable y de pobreza extrema, y denominó en situación de emergencia al Programa Alimentario Nacional (PAN). Desde allí, todas las administraciones que siguieron continuaron con la implementación de planes alimentarios de manera ininterrumpida (Britos, et.al, 2003; Cortes, Kessler, 2013; Sordini, 2016).

Las condiciones estructurales que dispone el modelo de acumulación y la profundización de la desigualdad sostienen al problema del hambre en la agenda de la Argentina. En 2002, mediante el decreto 108/2002 se estableció la Emergencia Alimentaria Nacional. A partir de allí se reorientaron los fondos presupuestarios, profundizando la descentralización, para reforzar programas sociales de salud y nutrición para la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia. En 2003 la Ley 25.724 creó el Programa Na­cional de Nutrición y Alimentación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) que articuló la multiplicidad de programas preexistentes y pretendió unificar en una base única a sus destinatarios. En 2019 la Ley 27.519 prorrogó hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto mencionado anteriormente (BORA, 2020). En línea con las acciones que lleva adelante el PNSA, se implementó desde 2019 el Plan Argentina Contra el Hambre mediante la “Tarjeta AlimentAR”, para la promoción y el fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos.

 

Gráfico N° 1: Periodos de vigencia de las intervenciones alimentarias implementadas en PGP entre 1983 y 2020 según su dependencia jurisdiccional

                 Referencias: * Programa de Fortalecimiento Red de Espacio Comunitarios, ** Creciendo Sanos

                 Fuente: Elaboración propia

En el periodo 1983-2020 se implementaron veintisiete programas alimentarios con distinta dependencia jurisdiccional y superpuestos en sus objetivos, población destinataria y modalidades de prestación. De esta manera, múltiples programas han contribuido a la diversificación de los ingresos del hogar de la población destinataria en simultáneo.

En los objetivos de los programas subyace la definición del problema del hambre y las alternativas para responder al mismo. En la nominación de los programas se denota el carácter paliativo y provisorio de las intervenciones porque se nombran como programas de “asistencia”, “emergencia”, “ayuda”, “complemento”. Además, tanto por su simultaneidad en la implementación como por su consecución prevalece una fragmentación de estas políticas.

Todas las intervenciones convergen en torno a los siguientes objetivos: complementar la alimentación, brindar apoyo técnico y financiero a espacios comunitarios, disminuir la morbi-mortalidad infantil, promover hábitos saludables y realizar capacitación socio-alimentaria, promover estrategias de autoproducción y consumo de alimentos y disminuir las condiciones deficitarias de la alimentación de escolares.. En el gráfico N° 2 se ilustran las once maneras en las que se materializaron las respuestas al problema alimentario, mediante sus modalidades de prestación, desde los veintisiete programas implementados.

Gráfico N° 2: Modalidades de prestación alimentaria implementada en el PGP entre 1983 y 2020

El objetivo principal de la mayoría de estos programas es complementar la alimentación. Para responder al mismo se implementan tres estrategias: la entrega de cajas, bolsones o módulos de alimentos secos, la entrega del plato de comida elaborado y, la entrega de tickets, vales o trasferencias monetarias para comprar alimentos en el mercado minorista. Históricamente predomina como respuesta a la emergencia alimentaria la entrega de alimentos secos porque su bajo costo de logística y distribución es adecuado a los presupuestos de los programas. Sin embargo, los alimentos frescos son los más caros del mercado y de difícil acceso para la las preparaciones cotidianas, aún destinando la totalidad de las transferencias monetarias de las tarjetas alimentarias a dichos productos. De esta manera las modalidades de prestación de los programas configuran el acceso, la preparación y el consumo de los alimentos porque se (des)habilitan gustos y sabores según las posibilidades de acceso.

La persistencia de dichas modalidades ha configurado maneras de ser titular y/o destinatario/a de programas alimentarios. Las comidas que se elaboran en los hogares denotan un sentido práctico, al decir de Pierre Bourdieu, situado históricamente, adecuado a la oferta del mercado, y a la diversificación de las estrategias de abastecimiento alimentario (trabajo informal, redes comunitarias, organizaciones de la sociedad civil). Por ello, los modos de ser y hacer, en función de comer lo posible, incorporan en el cuerpo las estructuras de desigualdad social.

Desde los años ochenta la focalización de las políticas sociales sobre la población destinataria “pobre” define y legitima tal condición. Los programas procuran “integrar” a los grupos vulnerables para “complementar” y “reforzar” aquello que les falta. De esta manera, estos programass han acompañado la trayectoria de vida de cuatro generaciones en condiciones de vulnerabilidad social porque: a) los PA mantienen una vigencia permanente desde hace más de treinta y cinco años; y, b) los objetivos no se plantean para revertir las causas, sino para atenuar el conflicto alimentario de manera provisoria; c) existe un PA para cada grupo etario. Este último aspecto se grafica a continuación.

Gráfico N° 3: Población objetivo según su edad para cada PA implementado en el PGP entre 1983 y 2020

Fuente: Elaboración propia

 

Las diversas generaciones se apoyan unas a otras para optimizar el acceso a los programas de acuerdo a las normas de compatibilidad que los mismos presentan. La primera, mayor a 56 años, titularizó la recepción de la caja de alimentos del PAN y participó en la organización de comedores comunitarios desde finales de los años ochenta. Además, las mujeres fueron pioneras como Trabajadoras Vecinales en el Plan Vida que inicio en 1994 y continua vigente en la actualidad. La segunda, entre 31 y 55 años, en su niñez acompañaban a sus padres/madres o abuelos/as a retirar los bolsones de alimentos y almorzaban o cenaban en el comedor comunitario. En su adolescencia, comenzaron a participar en la coordinación y gestión de los comedores comunitarios y a reemplazar a sus madres como titulares del Plan Vida. La tercera, entre 18 y 30 años, durante los años noventa fue destinataria del Plan Vida y en la actualidad, son titulares de esa misma intervención pero focalizada en sus hijos, quienes integran la cuarta generación. De esta manera, una vez que los programas alimentarios ingresan en las trayectorias de vida de sus destinatarios persisten en sus recorridos.

La fragmentación ininterrumpida de los múltiples PA posee una atribución normativa que organiza el consentimiento social como adhesión al orden social (Bourdieu, 2014). Por ello, debido a la capacidad coercitiva del Estado y al alcance masivo de sus intervenciones se normaliza la mitigación del conflicto del hambre. Los PA constituyen el esquema de las estrategias, aceptadas y aceptables, que regulan la distribución de las energías, que como sociedad somos capaces de soportar y que fundamentan a las relaciones de dominación, porque limitan las posibilidades de comer de cuatro generaciones. En este contexto, la regulación de las energías determina las posibilidades de acción, de reflexión y de desplazamiento social de cuatro generaciones, en una sociedad en la que el hambre es la política.